Corte Suprema se rinde y desiste del plan de compra de lujosos autos Lexus
La decisión permitirá un ahorro para el Poder Judicial de $1.253 millones.
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El Poder Judicial suspendió la compra de vehículos Lexus tras fuertes críticas. Se planificaba renovar la flota de la Corte Suprema y el fiscal judicial, sustituyendo los Toyota Camry actuales por Lexus ES300h, cuyo precio supera los $50 millones cada uno.
📢 En un comunicado, la Corte Suprema enfatizó la autonomía del Poder Judicial en la gestión de su presupuesto. Resaltaron su capacidad de tomar decisiones informadas sobre adquisiciones, en respuesta a la polémica generada por la planificada compra de los autos.
🔍 La decisión de cancelar la compra de 22 vehículos Lexus ES300H fue tomada tras evaluar los antecedentes disponibles. Esta resolución se alinea con el análisis y ponderación propios de la Corte Suprema sobre la adquisición de bienes y servicios, reiteraron.
Lee el comunicado completo
La Corte Suprema se ha comprometido a orientar su labor cumpliendo altos estándares en materia de transparencia, con una política de amplia publicidad, conforme con lo establecido en la Constitución Política de la República, en el Código Orgánico de Tribunales y en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En cumplimiento de ese deber, se ha decidido emitir la siguiente declaración pública:
- El Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto, en el ámbito administrativo y de gestión.
- La Corte Suprema toma sus decisiones en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios, ponderando y analizando en su mérito los antecedentes de que se dispone al momento de adoptarlas.
- Este Tribunal no es ajeno a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país. La decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en el año 2014, se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental. Son esas y no otras consideraciones las que se tuvieron a la vista para, adoptar en su momento, la aprobación de la renovación de los vehículos.
- Se debe puntualizar que si bien la Ley de Presupuesto para el año 2024 no contempló la citada renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial, según consta en el Diario de Sesiones Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Legislatura 371ª, Sesión 10ª, ratificándose el acuerdo previo adoptado por el Ministro de Hacienda con el ex Presidente de la Corte Suprema y dos Ministros Consejeros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y el Director de esta última, que incluía la renovación de los vehículos institucionales.
- Formalizada la petición de aplicación del saldo inicial mediante oficio 3DF N°538, de 26 de enero de 2024, dirigido a la Dirección de Presupuestos, no ha habido respuesta.
- Atendidas las consideraciones expuestas, con la cuenta detallada del Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de veintidós automóviles Toyota Lexus modelo ES300H, que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión.
Ola de críticas contra la Corte Suprema
🔊 La decisión de suspender la compra refleja la respuesta de la Corte Suprema a las críticas públicas y privadas, incluyendo las expresadas por funcionarios judiciales y ministros de Estado.
💼 Críticas del gremio judicial destacaron la inoportunidad del gasto de más de $1.200 millones en 22 autos. La Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales (OTJ) calificó la compra como contraria a la austeridad esperada en la judicatura.
🛑 La OTJ rechazó enfáticamente la adquisición de los Lexus, instando a un manejo prudente de los recursos públicos. Subrayaron la importancia de preservar los fondos destinados a la administración de justicia, evitando el derroche en tiempos de necesidades institucionales.