¿Cuáles son los hechos? El verdadero y falso del caso ProCultura

🔍 El caso ProCultura ha puesto bajo la lupa a diferentes figuras del mundo político, causando un revuelo de proporciones. La investigación que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, incluye solicitudes de interceptaciones telefónicas al propio presidente Gabriel Boric, cuestionamientos por eventuales transferencias irregulares, vínculos con altas autoridades, e incluso la posible existencia de una asociación ilícita.

🧩 En medio de la avalancha informativa, ¿qué afirmaciones son ciertas y cuáles han sido desmentidas o descartadas por la justicia?

Las platas financiaban la campaña presidencial de Gabriel Boric - FALSO ❌

📰 Según una investigación de CIPER, los fondos que el fiscal Patricio Cooper sospechaba que habían sido desviados por la Fundación ProCultura hacia la campaña presidencial de Gabriel Boric no provenían de recursos públicos, sino de donaciones privadas realizadas por empresas como Enel, Anglo American y Minera Candelaria.

🗣️ La sospecha del fiscal se basaba en una conversación telefónica interceptada, en la que una persona identificada como "Lucía" afirmaba que el director ejecutivo de ProCultura le había dicho que no le pagaría lo adeudado, porque el dinero se habría utilizado en la campaña de Boric. Sin embargo, el medio identificó a "Lucía" como Lucía Bustamante, propietaria de la Productora Gráfica Andros.

El fiscal Cooper solicitó la interceptación del teléfono del presidente, pero fue rechazada por el tribunal - VERDADERO ✅

📱 El fiscal regional de Coquimbo solicitó la interceptación del teléfono del jefe de Estado, argumentando que el comentario de Lucía Bustamante sería una “confesión”, que indicaba que parte de los fondos que recibió la fundación fueron utilizados para financiar una campaña presidencial.

📩 The Clinic informó que dicha diligencia también pedía tener acceso a sus mensajes de texto, al tráfico telefónico del mandatario desde 2021 a la fecha, y también a la ubicación georeferenciada de su celular. El tribunal rechazó la solicitud, considerando que no se cumplían los requisitos legales para autorizar dicha medida.

📃 “De los antecedentes expuestos y de los acompañados no se advierte la existencia de hechos determinados que permiten colegir sospechas fundadas de que la persona de cuyo número telefónico se solicita interceptación, hubiere cometido o participado en la comisión de un hecho punible que mereciere pena de crimen”, indicó el tribunal.

Irina Karamanos admitió haber realizado transferencias irregulares a ProCultura - FALSO ❌

🧾 La antropóloga ha negado en múltiples ocasiones haber realizado abonos a la fundación. En octubre de 2024, entregó sus cartolas bancarias a la Fiscalía para respaldar su declaración y reiteró que "no existen" tales transferencias. En efecto, los supuestos abonos eran rebotes de su sueldo producidos por fallas de su cuenta RUT.

🗂️ Además, en abril de 2025, la Fiscalía reconoció que "no existen antecedentes" para imputar delito alguno a Karamanos, cambiando su calidad procesal de imputada a testigo.

La interceptación del teléfono de Josefina Huneeus se justificó con pruebas sólidas - FALSO ❌

📞 La fiscalía justificó la interceptación de la conversación entre Josefina Huneeus y el Presidente Boric señalando que el teléfono de la psiquiatra pertenecería a Alberto Larraín, y que un juez había autorizado la escucha. Sin embargo, Huneeus y su defensa han afirmado que el número intervenido es de su propiedad desde hace más de veinte años y que habría sido regalado por su madre, Marta Lagos.

🧑‍⚖️ La Fiscalía no ha mostrado la evidencia que usó para afirmar que el teléfono estaba a nombre de Larraín y obtener así la autorización judicial para pincharlo. Además, la exesposa de Alberto Larraín presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, argumentando que el hecho fue una "grave vulneración de su intimidad y su libertad individual".

⚠️ Con todo esto, Huneeus señala que el actuar del fiscal Cooper ha despertado dudas sobre la legalidad de su origen y la veracidad de los antecedentes presentados para justificar dicha interceptación.

Giorgio Jackson aprobó directamente financiamiento para un proyecto de ProCultura en Isla de Pascua - FALSO ❌

📄 De acuerdo a La Tercera, Alberto Larraín afirmó tener una relación cercana con Giorgio Jackson y mencionó que este le ayudaría a financiar un proyecto para mejorar las condiciones de un hogar de menores en Isla de Pascua. Sin embargo, no existen registros oficiales ni evidencia documental que respalden que Jackson haya aprobado directamente financiamiento para dicho proyecto.

📌 Pese a que el exministro fue incluido en la lista de "personas de interés" de la investigación que lidera el Ministerio Público en la arista ProCultura del Caso Convenios, hasta la fecha no ha sido formalizado ni se han presentado cargos en su contra.

Claudio Orrego tenía vínculos con Alberto Larraín y con la organización - PARCIALMENTE VERDADERO 🟡

🤝 El gobernador de la Región Metropolitana, ha negado tener una relación de amistad con Alberto Larraín. Sin embargo, existen antecedentes que indican una relación profesional entre ambos. En 2012, Larraín se desempeñaba como director del consultorio de Salud Mental de Peñalolén, cuando Orrego era alcalde de dicha comuna.

🏢 Además, en junio de 2022, el Consejo Regional aprobó la propuesta de Orrego de nombrar a Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Regional. De acuerdo a Radio Bío-Bío, semanas después, se aprobó un convenio de $1.683 millones con ProCultura para el programa "Quédate", destinado a la prevención del suicidio.

La Fiscalía indaga a Alberto Larraín como líder de una asociación ilícita. - VERDADERO ✅

⚖️ La Fiscalía está investigando a Alberto Larraín, fundador y exdirector de la fundación ProCultura, como presunto líder de una asociación ilícita. El fiscal Patricio Cooper sostiene que el médico habría encabezado una organización destinada a defraudar al Estado mediante la obtención de fondos públicos a través de convenios con diversas entidades gubernamentales.

🔎 Según ExAnte, la indagatoria se centra en la posible existencia de una estructura organizada que habría operado con el objetivo de desviar fondos públicos, utilizando para ello la fundación. De comprobarse la existencia de esta asociación ilícita, Larraín podría enfrentar una pena de hasta 10 años de cárcel. La investigación también abarca a otros funcionarios y colaboradores que habrían participado en la ejecución de estos convenios irregulares.