Candidata UDI de Melipilla enfrenta polémica por sueldos irregulares y millonaria asesoría

Paula Gárate Rojas, candidata a la alcaldía de Melipilla y militante de la UDI, enfrenta un escándalo tras revelarse una serie de irregularidades en sus ingresos mientras ejercía como consejera regional (CORE) por la Provincia de Melipilla. Durante su mandato, Gárate habría percibido de manera simultánea sueldos provenientes del Consejo Regional, la Subsecretaría de Obras Públicas (MOP) y la empresa sanitaria Aguas Norte. Ahora, aparecen nuevos antecedentes que la vinculan a sueldos bajo modalidad de pago de honorarios "contra entrega de informes" en la Municipalidad de Curacaví, aunque los dichos informes no fueron posibles de encontrar.

Sus antecedentes

💵 Mientras cumplía sus funciones como consejera regional desde 2017, Paula Gárate percibió salarios que fluctuaban entre $1.300.000 y $1.800.000 mensuales. Sin embargo, el conflicto de interés surge debido a que, de forma paralela, comenzó a trabajar en la Subsecretaría de Obras Públicas durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. En este cargo, asumió la coordinación de la Unidad de Atención Ciudadana, recibiendo una remuneración mensual de $2.500.000 bajo modalidad de honorarios, a partir de julio de 2018. La controversia radica en que no notificó oficialmente sobre su doble función, lo que derivó en un sumario por parte de la Contraloría General de la República.

👷 En enero de 2019, Gárate fue contratada nuevamente en el MOP como Jefa del Departamento de Atención Ciudadana, con un salario que oscilaba entre $2.855.887 y $3.716.622, prolongándose su permanencia en este cargo hasta marzo de 2022. La Contraloría, en su dictamen de diciembre de 2022, señaló que la exconsejera no informó sobre su situación como representante electa mientras trabajaba en la Subsecretaría, lo que implicaba una falta de transparencia en la gestión de sus roles y remuneraciones.

💧 Además de su trabajo en el MOP, Gárate fue elegida en agosto de 2021 como parte del directorio de Aguas Norte, una empresa sanitaria de Melipilla. Por su participación en el directorio, recibía una remuneración de $550.000 por cada sesión a la que asistía. Sin embargo, en su Declaración de Patrimonio e Intereses de 2022, omitió cualquier conflicto de interés en relación a su cargo en esta empresa, lo que genera nuevas dudas sobre su actuar ético en la gestión pública.

Honorarios sin informes respaldatorios

👻 En enero de 2023, cuando aún se desempeñaba como consejera regional, Paula Gárate fue contratada bajo la modalidad de honorarios en la Municipalidad de Curacaví. Durante el mes de junio del mismo año, aparece recibiendo una remuneración de $2.298.850 por trabajos realizados en abril y mayo, relacionados con la asesoría de proyectos de inversión en infraestructura pública. Sin embargo, los informes correspondientes a estos trabajos no están disponibles, no obstante se espécifica en los informes de pago de la Municipalidad que la modalidad de trabajo era de "pago contra entrega de informe".

✍ Durante el presente año, Gárate siguió recibiendo pagos por parte de la Municipalidad de Curacaví. En julio de 2024, figuró nuevamente en la nómina de pagos, esta vez con un honorario de $3.600.000, por asesorías relacionadas con la gestión de proyectos gubernamentales. Consultados por Copano.News, desde la Municipalidad de Curacaví indicaron que no contaban con personal hasta el lunes para responder esta solicitud. Los informes mencionados deben ser proporcionados por la municipalidad en caso de una solicitud en base a la Ley de Transparencia 20.285, por lo que hicimos una solicitud formal a través de su portal de Transparencia.

El caso de Pancho Orrego

👀 Las revelaciones sobre los sueldos paralelos y la falta de transparencia en la entrega de informes respaldatorios de sus trabajos llegan en un momento crítico, justo a pocos días de las Elecciones Municipales de 2024. El tema referente a asesorías por honorarios recuerda el caso del candidato a gobernador por la Región Metropolitana, Francisco Orrego, quien se encuentra obligado a restituir los pagos hechos por la Municipalidad de La Florida por redactar informes de actualidad cuestionados por la Contraloría