CIPER derriba argumentos del fiscal Cooper para "pinchar" al presidente Boric
El medio de investigación periodística pudo corroborar que los montos cuestionados por el persecutor correspondían a donaciones privadas y no a caudales públicos.
📞 Para solicitar la interceptación telefónica del presidente Gabriel Boric, el fiscal Patricio Cooper argumentó ante la justicia la presunta existencia de una “confesión” sobre un supuesto desvío de fondos públicos desde la fundación Procultura a la campaña presidencial del mandatario
📂 Sin embargo, una investigación de CIPER verificó que los fondos mencionados no eran públicos, sino donaciones privadas provenientes de Enel, Anglo American y Minera Candelaria. Además, no se encontró evidencia de que estos recursos hayan sido destinados a la candidatura de Boric.
📠 La Fiscalía basó su solicitud en una conversación interceptada a una mujer identificada como Lucía. Según los registros, Alberto Larraín le habría dicho que el dinero se usó “en la campaña de Boric”. La mujer fue identificada como Lucía Bustamante, dueña de la imprenta Andros.
🧾 Bustamante exigía el pago de $41,9 millones por impresiones vinculadas a proyectos desarrollados por Procultura. Según los antecedentes de la causa, los trabajos se financiaron a través de la Ley de Donaciones Culturales con fondos privados, no estatales.
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Tras la salida del persecutor, la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, liderará la indagatoria sobre los presuntos delitos de violación de secreto.
El rol de la imprenta Andros en la indagatoria
🗃️ Los proyectos impresos por Andros se ejecutaron entre 2023 y 2024 en comunas como Llay Llay, Tierra Amarilla, Los Molles y Rinconada, es decir, posteriores a la elección presidencial. Según el reporte del medio de investigación, no hay registros que vinculen las facturas con actividades de campaña.
💬 En declaraciones judiciales, Alberto Larraín indicó que la fundación Procultura no realizaría el pago por problemas financieros derivados del Caso Convenios. Las facturas impagas están documentadas en una demanda civil presentada por Andros.
🔍 La disputa contractual motivó a la Fiscalía a iniciar una investigación paralela sobre los servicios de Andros. En marzo de 2025, funcionarios de la fundación fueron interrogados por la PDI, señalando que los trabajos siempre fueron costeados con donaciones privadas.
📑 Aunque Andros trabajó en la campaña de Boric en 2021 —facturando cerca de $25 millones—, en la actual carpeta investigativa no existen antecedentes que vinculen los pagos en disputa con fondos públicos ni con actividades electorales.