Vallejo llama a "no mirar la paja en el ojo ajeno" tras conocerse que Piñera concedió pensiones de gracia a criminales

📰 La ministra de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas de la oposición por el informe de Contraloría sobre las pensiones de gracia. Según el documento, 69 personas con antecedentes penales recibieron este beneficio desde 2018.

🗣 Vallejo recordó que varias pensiones de gracia también fueron otorgadas por el gobierno anterior de Sebastián Piñera. “Estamos hablando de 418 pensiones, 148 corresponden a la administración de Sebastián Piñera y 270 a la administración de Gabriel Boric”, dijo.

👉 Además, acusó a la oposición de derecha de “mirar la paja en el ojo ajeno” y de “querer pasar cuentas políticas” al gobierno actual. "Su propio presidente Sebastián Piñera entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves”, agregó.

🔧 La ministra afirmó que el gobierno de Boric se hizo cargo de modificar la normativa para revisar los antecedentes penales de los solicitantes de pensiones de gracia. “Esto ha sido un error, que entreguemos financiamiento permanente a personas con antecedentes penales de alta connotación social, no debió haber pasado, pero no es un acto administrativo que hizo nuestro Gobierno”, explicó.

📜 Asimismo, indicó que se propusieron cambios legales para que la ley exija tener a la vista los antecedentes penales y para que se termine la pensión de gracia si se cometen delitos de alta connotación. “Nos hicimos cargo y corregimos eso”, insistió.

👁 En cuanto a los casos de trauma ocular, Vallejo aclaró que se busca excluir a aquellos que han quedado sin posibilidad de ver por violencia de agentes del Estado. “Hasta el momento no hemos identificado ningún caso de trauma ocular severo y que además tenga un antecedente penal de alta connotación”, precisó.

💰 Por último, la ministra descartó que se exija a quienes han recibido el beneficio, devolver los recursos. “No ha sido ni la propuesta de cambio legislativo ni es un elemento considerado en la posibilidad de las facultades administrativas del Ejecutivo. Difícilmente puede ser exigible devolver recursos bajo un requisito que nunca fue exigido”, concluyó.