Declaran admisible querella en contra de Rodolfo Carter por contratación de Pancho Orrego

El 14° Juzgado de Garantía de Santiago admitió la querella contra Rodolfo Carter, actual alcalde de La Florida, por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

Esta acción judicial involucra también a Francisco Orrego, contratado como asesor por el municipio en abril de 2024​.

🔍 La querella fue presentada por Reinaldo Rosales, concejal de La Florida, y su abogado Gabriel Cuevas, aseguró Interferencia.

🔴 Rosales argumenta que las tareas de Orrego, candidato a Gobernador Regional y panelista del programa Sin Filtros, no se vinculan a las funciones municipales, sino a temas de contingencia nacional, lo que, según él, representa una desviación de los recursos municipales para fines personales del alcalde.

📝 Según el pronunciamiento de Contraloria, la designación de Orrego es cuestionable debido a que las funciones asignadas no responden a los objetivos propios del municipio, sino que abarcan temas como la biografía de Héctor Llaitul y otros eventos nacionales, ajenos a los intereses locales​.

Los pagos a Orrego

📑 De acuerdo con la investigación de Interferencia, Orrego ha recibido pagos de aproximadamente $2 millones mensuales desde su ingreso en abril de 2024, acumulando más de $10 millones hasta agosto de ese año.

En mayo, sin embargo, se le registró un pago de $4.483.000, justificado por el municipio como la suma de dos salarios acumulados.

🧐 Entre las tareas especificadas para Orrego en el contrato, destacan minutas sobre temas de interés nacional, tales como la crisis en las ISAPRES, la situación judicial del líder de la CAM, Héctor Llaitul, y un atentado en Cañete.

👉 Según Rosales, “estas asesorías se asemejan a las de un equipo de campaña, más que a las de un asesor municipal”, reforzando la idea de un mal uso de recursos públicos​.

🔴 La querella detalla que, en lugar de brindar asesoría municipal, los informes de Orrego parecen orientados a temas estratégicos y políticos.

💬 Rosales sostiene que “esta contratación sería parte de una estrategia para posicionar a Carter en una candidatura presidencial”, utilizando fondos municipales para fines personales y políticos, lo cual estaría en contravención a la normativa de probidad administrativa.