Perú evalúa implementar la pena de muerte para violadores de menores de edad
El país vecino ha ampliado el debate en torno al castigo para abusadores de menores, como respuesta al creciente problema de este tipo de delitos.
⚖️ Este domingo, el Ministerio de Justicia de Perú anunció la creación de una comisión especial para debatir la posibilidad de aplicar la pena de muerte en casos de violación sexual de menores de edad, en respuesta al creciente problema de estos delitos en el país.
Comisión especial: objetivos y alcance
📋 La comisión estará encargada de realizar debates públicos en diversas regiones para evaluar propuestas que amplíen la aplicación de la pena capital. Según el Ministerio de Justicia, su actividad inicial será de tres meses, prorrogables, y culminará con la entrega de un informe final.
Contexto social y antecedentes
🛑 La presidenta Dina Boluarte impulsó la discusión tras el asesinato de una niña de 12 años en Lima, caso que investiga si incluye agresión sexual. “Es momento de debatir sobre la aplicación de esta medida en el país”, afirmó Boluarte, quien lidera el llamado a acción.
🗂️ En Perú, la pena de muerte fue abolida en 1979, pero antes se aplicaba para delitos como traición a la patria y homicidio agravado. Actualmente, la ley establece cadena perpetua como castigo máximo para violadores de menores de 14 años, y 8.491 personas cumplen sentencia por este delito.
Opiniones divididas y retos legales
💬 Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, calificó la pena de muerte como "una medida salvaje" y rechazó que se coloque en debate. Además, restablecerla requeriría una reforma constitucional aprobada por el Congreso, contraviniendo compromisos internacionales asumidos por Perú en materia de derechos humanos.
🛡️ Desde 1995, el Congreso rechazó al menos ocho intentos legislativos para reinstaurar esta medida. Sin embargo, la incidencia del delito y la presión social han vuelto a poner el tema en la agenda política.
👥 La comisión estará integrada por representantes del Estado y la sociedad civil. Según el gobierno, su objetivo será garantizar un debate amplio que contemple todos los enfoques sobre la pena capital y su viabilidad en el marco legal y social peruano.