Luis Hermosilla se cuadró con el A Favor y salió en defensa de la propuesta constitucional: Lee la carta
Días antes de que estallara el caso de los audios filtrados, el abogado firmó una carta a El Mercurio en defensa del texto constitucional.

💰 Luis Hermosilla, abogado investigado por Fiscalía por el presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) —tras la filtración de un audio de 105 minutos publicado por Ciper— había tomado postura previamente frente a la propuesta del Consejo Constitucional que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre.
✍️ En una carta publicada por El Mercurio, y firmada por otros 4 penalistas, Hermosilla salió en respuesta a la misiva de otros 4 académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) que criticaron el texto propuesto porque declararía inconstitucional la persecución del narcotráfico, debido a que ahora la norma exige a la ley que sea descrita "de manera precisa y expresa", lo que volvería la ley más exhaustiva, pero menos efectiva.
🫵 "La Constitución de la seguridad hace inconstitucional la penalización del narcotráfico. Así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores", señalaban los profesores en esa carta publicada por el mismo diario.
La respuesta de Hermosilla
💣 Hermosilla y los otros 4 abogados, donde destacan nombres como Gabriel Zaliasnik, Samuel Donoso, Luis Varela y Juan Carlos Manríquez, refutan sus argumentos señalando que el texto constitucional propuesto, si bien exige que la conducta punible esté descrita "de manera precisa y expresa", eso no necesariamente implica que se exija "exhaustividad" legal de la descripción.
🗡️ Según ellos, el texto tal como está escrito es "un reclamo constante de penalistas comprometidos con el viejo y bueno derecho penal liberal y clásico".
📌 "Solo la legalidad más estricta puede garantizar la seguridad jurídica y, con ello, el ejercicio de las libertades individuales, incluidos los procesos administrativos sancionatorios donde dichos límites suelen olvidarse", sentenciaron.