"Idiota, imbécil y débil mental": Gobierno de Milei utiliza insultos para clasificar a discapacitados
El decreto fue añadido al Boletín Oficial argentino como medida para definir a quienes pueden recibir pensiones por invalidez laboral.
El Gobierno de Argentina implementó una nueva regulación que redefine la clasificación de las discapacidades intelectuales en el país, utilizando términos en desuso como "idiota", "imbécil" y "débil mental". La medida, publicada en el Boletín Oficial el 14 de enero, ha generado rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y asociaciones vinculadas a la discapacidad.
📃 La nueva normativa, redactada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), modifica el baremo de evaluación para el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral. Según el anexo del decreto, se establecen nuevas categorías que sustituyen términos previos como "leve", "moderada" y "grave" por calificativos considerados discriminatorios y arcaicos.
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Reacciones y rechazo de organizaciones
🚫 El cambio regulatorio pasó inadvertido hasta que la cuenta de X (Twitter) "Arrepentidos de Milei" difundiera el decreto, generando una ola de críticas en redes sociales. Sin embargo, organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis ONGs ya habían presentado un reclamo formal el 3 de febrero, exigiendo su derogación.
💬 "Esta regulación implica un retorno al modelo médico de la discapacidad y un grave retroceso para los derechos de este colectivo. El anexo de la resolución asume que hay personas que nunca podrán trabajar y recurre a términos como ‘retraso mental’, ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Resulta innecesario ahondar en el carácter discriminatorio, obsoleto y peyorativo que ostentan estas formas de nombrar", indicaron en su documento.
📚 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, a la que Argentina adhiere y tiene rango constitucional, establece un enfoque basado en la dignidad y la inclusión. No obstante, la actual administración considera que la legislación previa era "demasiado laxa" y susceptible de fraude.
🔍 El decreto continúa vigente, y hasta el momento, el gobierno de Javier Milei no ha emitido declaraciones oficiales sobre las críticas ni ha dado señales de reconsiderar la medida. Las organizaciones siguen impulsando su anulación y exigen una revisión urgente para garantizar un marco normativo respetuoso e inclusivo.
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