Hassler emite informe rechazando la construcción de cárcel de máxima seguridad en Santiago Centro

📰 La Municipalidad de Santiago, bajo la dirección de la alcaldesa comunista Irací Hassler, ha emitido un informe técnico rechazando el proyecto de construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en el "barrio penitenciario". Este proyecto, anunciado por el Presidente Gabriel Boric en julio, busca reformar el Plan Regulador Comunal para ampliar el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. El informe, de 20 páginas, señala que la propuesta no consideró una consulta ciudadana y que la ley en la que se sustenta es inconstitucional.

🏢 El documento argumenta que la modificación del Plan Regulador de Santiago no respetaría los instrumentos de planificación territorial establecidos, omitiendo la participación de la comunidad, un requisito que ha sido reforzado en los últimos años. Además, el municipio considera que esta construcción perjudicaría a los vecinos del sector al aumentar el estigma social y los impactos económicos negativos en la zona.

Planificación, consulta y prohibiciones

🛑 En el informe, se rechaza de manera tajante la modificación de los "Usos de Suelo Prohibidos" de la manzana conformada por las avenidas Pedro Montt, Centenario, Manuel Rodríguez y Club Hípico. Esta prohibición ha estado vigente desde 1994 a través del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, cuyo objetivo era reducir la segregación socio-espacial, un principio que, según el municipio, se vería afectado si se lleva a cabo el proyecto.

📉 Según la administración municipal, la construcción de la nueva cárcel incrementaría las externalidades negativas del sector, afectando aún más la calidad de vida de los residentes y deteriorando la cohesión social. Asimismo, se oponen a la construcción por afectar la proyección de conectividad en la zona, como la avenida Beauchef, cuyo trazado se vería interrumpido.

No es una ampliación

🔨 El municipio sostiene que la propuesta no constituye una "ampliación" de Santiago 1, como lo señala el Ministerio de Justicia, sino la construcción de un nuevo recinto. Según la normativa vigente, una ampliación debe realizarse en el mismo predio y sobre una edificación existente con recepción definitiva, lo cual no se verifica en este caso, dado que el nuevo penal se ubicaría en un terreno diferente.

⚖️ También argumentan que, de acuerdo al Artículo 20 del Código Civil y a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la construcción de un nuevo penal requeriría la aprobación del concejo municipal, algo que no ha sido considerado en la propuesta presentada.

Base inconstitucional y efectos negativos

📜 Otro punto clave del informe es que la ley 21.636, que respalda la modificación del plan regulador, sería inconstitucional. El municipio señala que esta ley, al regular materias que debieron ser abordadas por una Ley Orgánica Constitucional, afecta gravemente la autonomía municipal. Además, indican que no se cumplió con el control constitucional preventivo necesario por parte del Tribunal Constitucional.

🏙️ Por último, el informe expone los efectos adversos que la construcción tendría en la comunidad local, como la depreciación del valor de las propiedades, la sobrecarga de servicios públicos y el aumento de la percepción de inseguridad. "Construir otro recinto, en el llamado de manera desafortunada y estigmatizante 'Barrio Penitenciario', solo incrementará las actividades delictivas adicionales en el entorno a la cárcel, transformando en una verdadera 'zona de sacrificio' el sector de Avda. Pedro Montt y sus alrededores", concluye el documento.

📅 A pesar de que la postura del municipio no es vinculante, han expresado su intención de recurrir a todas las instancias necesarias para frenar el proyecto, mientras el gobierno busca avanzar en su implementación para mejorar la seguridad en la Región Metropolitana.