Frente Amplio denuncia "estrategia de espionaje" tras revelación de chats y audios del caso ProCultura

Este sábado, el Frente Amplio emitió un comunicado oficial en su cuenta de X para referirse a los recientes antecedentes del caso ProCultura, que involucran conversaciones y chats donde se menciona a militantes de la coalición, entre ellos el Presidente Gabriel Boric y el diputado Diego Ibáñez.

📑 En la declaración, la colectividad fue enfática en señalar que "no existe ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada", y agregó que "todas las cuentas partidarias y de campaña han sido debidamente revisadas y aprobadas por el Servel".

🗨️ En ese sentido, desde el Frente Amplio sostuvieron que "lo difundido, por tanto, tiene como finalidad instalar la sospecha solo en base a la existencia de vínculos personales y conversaciones informales", desestimando que exista alguna implicancia directa del partido en el caso.

📰 Respecto a los audios que mencionan al Presidente Boric, el comunicado criticó duramente el rol del fiscal del caso: "El Fiscal Cooper replica una estrategia judicial (...) basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa, con el único fin, en este caso, de desprestigiar al Presidente".

📞 El partido también denunció el intento de interceptar el teléfono del mandatario: "Esto resulta gravísimo, atenta contra la democracia y las instituciones", declararon, en relación con las solicitudes para intervenir el teléfono de Boric en el marco de la interceptación a Josefina Huneeus.

🚫 El Frente Amplio sostuvo que la interceptación de Huneeus "es ilegal y esta debió haber cesado una vez que se constató que el teléfono era de su propiedad". A esto añadieron: "Resulta grave que se haya intentado pinchar el teléfono de la máxima autoridad de la República en dos ocasiones, sin fundamento suficiente, lo que queda demostrado con el rechazo por parte del Juzgado de Garantía por falta de antecedentes fidedignos".

🕵️ Finalmente, la colectividad acusó una motivación política detrás de las acciones judiciales: "La magnitud de las interceptaciones no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos, que rechazamos categóricamente", continuaron, añadiendo que esto "no solo daña a personas en específico, sino que a toda la institucionalidad del Ministerio Público y a nuestra democracia".