"Matonaje" y "ley de silencio" son las razones de Fiscalía para exigir prisión preventiva para Cathy Barriga

👩‍⚖️ La ex alcaldesa de Maipú Cathy Barriga enfrenta una grave acusación por parte de la Fiscalía Oriente, que la formalizó por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. Según la investigación, habría defraudado más de mil millones de pesos al municipio.

🏛️ La Fiscalía Oriente solicitó la prisión preventiva de Barriga, argumentando que su libertad es un peligro para la sociedad y la investigación. Sin embargo, el juez de garantía le impuso solo arresto domiciliario. La fiscalía apeló a esta decisión y espera que la Corte de Apelaciones de Santiago la revoque este viernes.

📄 La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, presentó un escrito de 20 páginas donde expone los motivos para pedir la medida cautelar más gravosa. Entre ellos, señala que Barriga instruyó a sus subordinados a no dejar evidencia de su actuar ilícito y que ha intentado influir en testigos y coimputados.

📞 Además, la fiscalía sostiene que Barriga podría destruir elementos de prueba valiosos, como computadores y celulares que están extraviados. También afirma que Barriga tiene incentivos para fugarse, considerando la gravedad de las posibles penas que enfrentará, según consigna La Tercera.

🗣️ El fiscal nacional, Ángel Valencia, respaldó la apelación de la fiscalía y manifestó que “tienen buenos argumentos” para que la Corte acceda a la prisión preventiva de Barriga. “El derecho está de parte nuestra en este caso en particular”, dijo.

🏫 Por otro lado, la Municipalidad de Maipú y la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo también apelaron a la resolución del juez, que los excluyó como querellantes. Ambas entidades aseguraron que fueron ellas quienes presentaron la querella que dio origen al caso y que cuentan con el apoyo del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado.

📝 Los abogados de la municipalidad y la corporación acusaron una serie de errores e infracciones en la resolución del juez, que les impide ejercer sus derechos y facultades como víctimas de delitos. También argumentaron que sus intereses son distintos a los del CDE y la CODEDUC, que sí fueron admitidos como querellantes.