Dura derrota del gobierno: Se despacha ley que castiga con cárcel a quienes porten combustibles en protestas

📜 La iniciativa que busca sancionar con pena de cárcel a quienes porten líquidos inflamables para atentar contra la seguridad pública en protestas, fue despachada a ley tras ser modificada por la oposición.

El proyecto original

📜 El proyecto original del Gobierno solo contemplaba multas como castigo por el porte injustificado de combustibles durante "reuniones en lugares públicos".

📝 Se buscaba modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para "sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos".

🔐 El texto presentado por la oposición agregó una norma para aumentar las penas a presidio menos en sus grados mínimo a medio, es decir, hasta 540 días de cárcel.

Posible veto de la ley

📣 La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció reserva de constitucionalidad y adelantó un posible veto.

📜 Qué es la reserva de constitucionalidad: El acto por el cual un parlamentario hace presente un posible vicio de inconstitucionalidad del que adolecería un proyecto de ley, sin que ésta implique la interposición formal de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

❓ Sin embargo, se desconoce si el Ejecutivo tendrá el espacio político para hacerlo, tras el veto al proyecto antiusurpaciones.

🔍 Desde el Ejecutivo buscaban enviar la iniciativa a una comisión mixta, con el objetivo de mejorar su redacción. Sin embargo, diversos diputados oficialistas dieron sus votos alcanzando la mayoría necesaria para la aprobación. 

Defensa de la oposición

🚫💰 "Están enamorados de las multas y todos sabemos que las multas no son disuasivas, no se pagan en la práctica, y prescriben en seis meses", expresó el diputado Andrés Longton (RN).

🔥 Longton defendió la propuesta y recordó casos de personas que fueron rociadas con líquidos acelerantes en medio de protestas.

👮‍♂️ La iniciativa forma parte de la agenda de seguridad consensuada entre el Gobierno y el Parlamento, que busca fortalecer el orden público y prevenir la violencia en las manifestaciones.