La derecha logra ingresar indicación que deriva a la justicia militar a uniformados que cometan delitos
La idea fue propuesta por el diputado de RN, Diego Schalper, sin embargo, aún queda más discusión parlamentaria al respecto.
En la sala Carlos Lorca de la Cámara de Diputados se inició la sesión para discutir las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). La sesión programada para este jueves comenzó después de las 10:30 horas, con la presencia de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana.
🤝 Aunque inicialmente no se logró unanimidad para despachar la iniciativa, un acuerdo alcanzado el martes por las bancadas permitió programar una votación especial para el viernes por la tarde, incluyendo la creación del nuevo Ministerio de Seguridad.
⏰ La sesión comenzó tensa debido a la ausencia inicial de la ministra del Interior, Carolina Tohá. El diputado Cristián Labbé cuestionó su ausencia, destacando la importancia de su presencia para discutir un proyecto de tal relevancia.
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El mandatario fue increpado en pleno discurso durante la Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, respecto al caso de la periodista asesinada durante una manifestación.
🛡️ Durante la sesión, la derecha, con apoyo de legisladores no alineados, logró rechazar la regulación sobre los protocolos de uso de fuerza y eliminar protecciones para detenidos bajo custodia militar o policial.
📜 La jornada legislativa se centró en una propuesta del diputado Diego Schalper (RN), que buscaba devolver a la justicia militar el manejo de casos de militares o policías involucrados en delitos durante el orden público.
🗳️ A pesar de los esfuerzos del Gobierno por bloquear esta medida, la indicación fue aprobada en las comisiones unidas con 14 votos a favor y 12 en contra. El debate sobre esta indicación y otras partes del proyecto continuaría en la sala de la Cámara.
🏛️ Finalmente, la secretaría de las comisiones unidas dictaminó que la reforma requeriría un quórum de 78 votos debido a la reorganización de atribuciones de los tribunales, marcando un punto a favor del Gobierno, que busca mantener estos casos bajo la jurisdicción civil.