Los otros contratos de parlamentarios con el Estado que podrían llegar al Tribunal Constitucional

🧨 La destitución de la senadora Isabel Allende (PS) por parte del Tribunal Constitucional, tras venderle al Estado la casa del ex presidente Salvador Allende por $933 millones, desató un terremoto político. La medida, aún sin sentencia oficial, fue filtrada a la prensa.

📺 En el programa Mesa Central de Canal 13, el diputado Gonzalo Winter mencionó un reportaje —erróneamente atribuido a The Clinic— que daba cuenta de otros parlamentarios con contratos con el fisco. La declaración encendió alertas en el Tribunal Constitucional.

📜 La Constitución chilena, en su artículo 60, prohíbe a diputados y senadores celebrar o caucionar contratos con el Estado durante su mandato. Esta norma, poco aplicada hasta ahora, fue la base para la destitución de Allende y podría afectar a más parlamentarios.

📑 The Clinic revisó bases públicas e identificó múltiples casos de contratos directos entre parlamentarios y organismos fiscales. Los pagos a través de sociedades o por actividades anteriores al cargo no habían sido motivo de sanción hasta este caso.

🔍 El senador Juan Castro Prieto (PSC) figura vinculado a la Constructora Indemma, beneficiada con más de $3 mil millones en traspasos del Estado. Aunque él niega participación, registros oficiales lo muestran con propiedad indirecta hasta 2018.

📈 Desde que asumió como senador en marzo de 2018 hasta diciembre de 2019, Constructora Indemma recibió más de $1.400 millones en pagos estatales. Una contadora de sus empresas afirmó que Castro salió de la sociedad, pero solo entregó respaldo de 2020.

🧾 El senador Fidel Espinoza (PS) figuró como socio de Difusora Fresia Ltda., empresa con contratos por difusión radial desde 2005. Aunque dijo haber salido de la sociedad ese mismo año, el Registro de Comercio lo mantuvo como socio hasta 2018.

💬 “Jamás he recibido un peso”, declaró Espinoza a The Clinic. Aseguró que renunció cuando se le advirtió que era incompatible con su cargo. Sin embargo, la sociedad recibió más de $14 millones en pagos estatales entre 2005 y 2018.

🔊 El diputado Jaime Mulet (FRVS), actual candidato presidencial, aparece vinculado a Rodríguez y Compañía Ltda., empresa que recibió contratos públicos mientras él aún era socio. Posteriormente vendió su participación a una empresa de su esposa.

💸 Entre octubre de 2017 y enero de 2018, esa empresa recibió más de $2 millones desde el Estado. Mulet afirma haber vendido sus acciones en abril de 2018 por $9 millones, un mes después de asumir como parlamentario.

Las sociedades de Ossandón y Cruz-Coke también bajo revisión

🏦 La diputada Ximena Ossandón (RN) posee participación en Cumplo Chile S.A., fintech que ha recibido más de $28 mil millones desde 2015 desde Corfo y la Tesorería. Ella declaró tener solo el 1,14% de las acciones, sin acceso a decisiones ni clientes.

🧮 “Paúl y Cia es un inversionista pasivo… yo tengo el 1,14%”, afirmó Ossandón. Sin embargo, también figura como socia de Asesorías Paul y Cía., que firmó contrato con el SEP por casi $9 millones en 2018, ya como diputada.

🏠 El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) arrendó un inmueble a la Junji entre 2015 y 2020. Aunque el contrato fue firmado antes de asumir su cargo, durante su mandato recibió junto a su socio cerca de $147 millones.

📅 En 2018, el entonces diputado Fidel Espinoza denunció a Cruz-Coke ante la Comisión de Ética por conflicto de interés. La comisión indicó que no tenía atribuciones, y nadie presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en ese momento.

⚖️ Consultados por The Clinic, ministros del Tribunal Constitucional indicaron que aún no hay sentencia escrita. “Podrían cambiar los votos”, señalaron, si el acuerdo filtrado no se materializa en un fallo formal con respaldo jurídico.

📚 Para el abogado constitucionalista Flavio Quezada (PS), la norma puede aplicarse incluso si el contrato es firmado por un familiar o mediante una sociedad vinculada: “Se configura también la inhabilidad cuando actúa por interpósita persona”.

📏 Arturo Fermandois (UDI), en cambio, cree que la interpretación debe ser restrictiva: “Si la Constitución no lo dispone expresamente, no se configura la causa”. A su juicio, la norma no abarca cadenas societarias ni familiares indirectos.

⏳ Ambos constitucionalistas coinciden en que el alcance final de esta norma se conocerá cuando se publique la sentencia del caso Allende. Ese fallo marcará los criterios para futuras destituciones o investigaciones a otros parlamentarios.