Condenados por pornografía infantil y abuso sexual recibían pensiones de gracia, según Contraloría

📜 La Contraloría de la República reveló en un informe reciente que 58 de 419 pensionados de gracia tienen antecedentes penales, incluyendo condenas por delitos violentos. Este hallazgo surge tras examinar el proceso de otorgamiento de estas pensiones, relacionadas con el estallido social.

🔍 El informe detalla que los beneficiarios con antecedentes cometieron delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material pornográfico infantil y abuso sexual. Estas conclusiones provienen de la revisión realizada por la Contraloría sobre las pensiones otorgadas en 2022.

📌 Según la Contraloría, el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior, encargado del trámite, presentó falencias significativas en la entrega de estos beneficios. Este aspecto pone en duda la eficiencia y seguridad del proceso utilizado.

🔎 El documento de la Contraloría enfatiza que algunos beneficiarios acumulan más de 10 condenas por diversos crímenes, incluyendo robo con violencia, homicidio y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Esta información resulta crucial para evaluar la idoneidad de los beneficiarios.

🚨 En su análisis, la Contraloría subraya la importancia de haber tenido acceso a esta información penal con anticipación. Esto habría permitido una mejor evaluación y establecimiento de condiciones para la aprobación de las pensiones de gracia, según La Tercera.

⚖️ Frente a estos hallazgos, la Contraloría instó a la Subsecretaría del Interior a incorporar obligatoriamente la revisión de antecedentes penales en los procesos de postulación a pensiones de gracia. Este requerimiento debe cumplirse en un plazo máximo de 30 días hábiles.

🔑 En las 79 páginas del informe, Contraloría analizó pensiones de gracia otorgadas durante 2022, entre los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Estas oscilaron entre los $283 mil y $567 mil mensuales de por vida, según Ex-Ante.

Las 7 fallas claves, según Contraloría

• INDH como única fuente para acreditar víctimas, sin otras validaciones por DAS.
• 19 expedientes de pensiones sin antecedentes médicos adecuados.
• Falta de verificación adicional por DAS de la información del INDH.
• Proceso disciplinario necesario en Subsecretaría del Interior e INDH.
• 58 beneficiarios con antecedentes penales, algunos con más de 10 condenas.
• Aumento de pensiones sin justificación ni respaldo documental.
• Falta de verificación de autenticidad de decretos por TGR y demoras en notificaciones.