Lo que sabemos de los $40 millones que recibió empresa de Claudio Crespo, carabinero procesado por cegar a Gustavo Gatica
La Delegación Presidencial de Maipo contrató vía trato directo los servicios de Full Clean SA. La senadora Fabiola Campillai está impulsando romper con el contrato.
🚨¿Qué pasó?
La senadora Fabiola Campillai denunció que la Delegación Presidencial Provincial del Maipo, contrató vía trato directo los servicios de una empresa vinculada al expolicía Claudio Crespo, acusado de cegar al estudiante Gustavo Gatica en el marco de las manifestaciones del estallido social de 2019.
👮♂️ Según la nota publicada por Interferencia, la DPP del Maipo dirigida por el ingeniero Miguel Ángel Rojas (PS), contrató por trato directo los servicios de la empresa de seguridad Full Clean SA, propiedad de la familia de Claudio Crespo, quien actualmente trabaja como guardia en dicha empresa.
💰 La firma recibió $40 millones por nueve meses de servicio.
“Como personas comprometidas con la justicia y el respeto a los derechos humanos, consideramos inaceptable que una institución gubernamental tenga tratos contractuales con empresas vinculadas a personas acusadas en casos de violaciones a los derechos humanos”, dijo Campillai en un comunicado.
Por su parte, desde la delegación explicaron a Interferencia que desconocían que Crespo fuera parte del proceso judicial en relación a las violaciones a los derechos humanos del lamentable hecho ocurrido contra Gustavo Gatica.
Crespo, también apodado “el carnicero”, fue procesado en agosto de 2020 por los delitos de coacciones ilegítimas y lesiones graves muy graves. En octubre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva contra Crespo, quien se encuentra libre desde entonces.
El comunicado de Campillai
Mientras tanto, la senadora independiente lleva a cabo una recolección de firmas para que la DPP del Maipo rompa el contrato. En parte de su declaración señala:
"Exigimos una explicación pública y concreta del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de estos hechos, como asimismo, que se asuma la responsabilidad política de la autoridad. No permitiremos que acciones contrarias a los principios éticos en materias de Derechos Humanos y a la dignidad de las víctimas prevalezcan en nuestro país".