Cataldo intenta salvar la crisis de educación en Atacama denunciando delitos en los SLEP

El ministro de Educación realizó una acción judicial ante la Fiscalía de Copiapó la existencia de "graves irregularidades" y "mal uso de recursos públicos".

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Benjamín Espina

📆 Tras el paro de profesores de Atacama por casi 53 días, la Fiscalía de Copiapó investiga presuntos delitos económicos en el organismo que administra la educación pública en la región, denunciados por Nicolás Cataldo, ministro de Educación. Los docentes exigen mejoras laborales y educativas.

Una grave crisis


📚 La educación pública en la Región de Atacama atraviesa una grave crisis.


👩‍🏫 Desde hace 52 días, los profesores de 46 múltiples establecimientos educacionales se encuentran en paro indefinido.


📣 Los docentes exigen mejoras laborales y educativas al Servicio Local de Educación Pública (SLEP), el organismo que administra la educación pública en la región desde el año 2019.


📝 Sin embargo, alrededor de 30 mil alumnos se encuentran sin clases.

¿Qué es el SLEP?



🏫 El SLEP es una entidad creada por la Ley de Nueva Educación Pública, que tiene como objetivo descentralizar y fortalecer la educación pública en el país.


🌄 El de Atacama es uno de los cuatro que se han implementado hasta ahora, y abarca a las comunas de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla y Chañaral.


🤨 Sin embargo, el SLEP ha sido cuestionado por su gestión financiera y administrativa.


🧑‍⚖️ El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, denunció ante la Fiscalía de Copiapó la existencia de "graves irregularidades, mal uso de recursos públicos, incluso aspectos que rayan en los delitos" en el SLEP.


💸 "Lo que nosotros evaluamos en la auditoría es que se contrataron servicios o se compraron insumos por un valor más alto del que realmente debería haber ocurrido y eso hay que analizarlo bien, hay procedimientos para identificar ese sobreprecio. Y así uno va detectando", dijo Cataldo.


💼 Entre las irregularidades detectadas por el Mineduc se encuentran pagos de sobreprecios por servicios o insumos contratados por el SLEP, lo que implica un perjuicio económico para el Estado.