Caso Convenios región por región: Esta es la lista completa de las fundaciones investigadas
Los tratos directos entre el Estado y las fundaciones están en la mira del Ministerio Público. Este es un resumen de los casos que han estallado, hasta ahora, en nueve regiones del país.
Antofagasta: el origen del caso
El medio local Timeline reveló que la Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, ex-RD y ex pareja de la diputada Catalina Pérez, recibió $426 millones de la Seremi de Vivienda, encabezada por Carlos Contreras, también ex-RD y ex jefe de gabinete de Pérez.
Pérez se marginó de la vicepresidencia de la Cámara y está con licencia médica. La ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), renunció tras admitir que supo de las irregularidades y no informó al ministro Carlos Montes (PS).
Maule: otro ex RD bajo la lupa
La Fiscalía indaga ocho transferencias desde la Seremi de Vivienda del Maule a la Fundación Urbanismo Social, por $577 millones.
El ex seremi Rodrigo Hernández (RD) había trabajado siete años en la fundación beneficiada, e incluso fue su director jurídico. Montes anunció su dimisión esta semana, tras señalar que infringió la inhabilidad que pesaba sobre él.
Los Lagos: cuatro fundaciones en el foco
La Fiscalía investiga convenios por $4 mil millones entre el gobierno regional, liderado por el ex DC Patricio Vallespín, y las fundaciones Chinquihue, Participa y Kimün, asociadas a la DC, PPD y la extinta Lista del Pueblo.
La indagatoria busca determinar si hubo fraude al fisco u otros delitos en el uso de los dineros públicos.
Atacama: una fundación con giro sospechoso
La Fiscalía indaga un traspaso de $190 millones desde la Seremi de Vivienda a la Fundación Comprometidos, vinculada al PRO, para entregar agua en los campamentos de Copiapó.
La fundación tenía como giro original actividades de producción de películas y clínicas veterinarias, pero cambió en marzo a asistencia social y fundaciones.
Biobío: dos ONG en la mira
La Fiscalía investiga por oficio los aportes recibidos por la fundación Urbanismo Social desde el Serviu y la ONG Red Cultivarte desde la Gobernación Regional.
Ambas causas estarán a cargo de la fiscal anticorrupción María José Aguayo.
La Araucanía: una fundación sin experiencia
La Fiscalía recibió una denuncia contra el gobierno regional, encabezado por Luciano Rivas (Ind-Evópoli), por transferir $2.113 millones en cinco meses a la Fundación Local, ligada a Pablo Gallardo Burgos, con sede en Reñaca.
Los fondos habrían sido para desarrollar un proyecto de reciclaje en Padre Las Casas, pese a que la fundación no tenía experiencia en el área.
Arica y Parinacota: otra fundación foránea
La Fiscalía inició una investigación de oficio para esclarecer el traspaso de $2.500 millones desde el gobierno regional hacia una fundación con domicilio en Coquimbo.
Se trata de la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, que fue denunciada por redes sociales.
O’Higgins: una fundación sin giro adecuado
La Fiscalía inició una investigación por convenios firmados entre la fundación Arquiduc y la Seremi de Vivienda y Urbanismo en 2021, durante el gobierno de Piñera.
Se trata de dos contratos por $56 millones y $65 millones para instalar luminaria pública, pese a que la fundación se dedica principalmente a temas de educación.
Aysén: dos fundaciones más bajo sospecha
La Fiscalía investiga traspasos de recursos desde el gobierno regional y la Universidad Estatal de Aysén hacia las fundaciones Democracia Viva y ProCultura.
La denuncia fue realizada por los diputados René Alinco, Marcia Raphael y Miguel Calisto, quienes solicitaron esclarecer la relación entre las entidades e instituciones.
Antofagasta ataca de nuevo: La trama jesuita
La ANEF acusó que la fundación “En todo amar y servir” accedió a documentación del GORE y utilizó oficinas de la repartición.
El GORE habría entregado 118 millones de pesos a la fundación, que apoya a organizaciones interesadas en obtener recursos del FNDR.
La presidenta de la ANEF en Antofagasta, Nora Biaggini, presentó los antecedentes en la Contraloría.
Reacciones de parlamentarios y autoridades
El diputado de RN, José Miguel Castro, cuestionó el rol de la jefa de la División de Desarrollo Social de Antofagasta, Lizza Aravena, quien fue jefa del Servicio Jesuita a Migrantes.
La diputada independiente, Yovanna Ahumada, pidió que la Contraloría se pronuncie y aclare si hay irregularidades.
El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, afirmó que la fundación “no trabaja acá” y que sólo recibió capacitaciones en el Gore.
Defensa de la fundación “En todo amar y servir”
La fundación emitió un comunicado en su página web, donde se defendió de las acusaciones.
Aseguró que está ejecutando el proyecto desde el Centro Comunitario Oscar Romero y que sólo recibió una inducción en el Gore.
Negó haber utilizado recursos o cumplido funciones del Gore y dijo que ha entregado informes mensuales.
Se mostró dispuesta a colaborar con la Contraloría para aclarar los objetivos y la ejecución del proyecto.