Abogado de Karol Cariola por allanamiento: “Cualquier tribunal podría calificar de violencia obstétrica”

✨ Este lunes 10 de marzo, el abogado de la diputada Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, declaró en Radio Cooperativa que el allanamiento realizado el mismo día que la parlamentaria dio a luz podría ser calificado como "violencia obstétrica" por cualquier tribunal. El jurista defiende la ilegalidad de la diligencia y acusa irregularidades en el informe policial.

📑 Según Manríquez, la orden de incautación de su teléfono se justificó en un supuesto "peligro urgente", pese a que "la diputada estaba bajo observación hace bastantes días". Aseguró que "había comunicación directa entre la PDI y la Fiscalía", lo que evidencia que la operación pudo haberse realizado en otro momento.

🗒 En ese sentido, el abogado cuestionó la legitimidad del informe policial que justificó el allanamiento. "Correctamente chequeado y revisado, tiene incongruencias, errores y faltas significativas", afirmó. Además, sostuvo que los intervinientes conocían el contexto del caso desde hace meses.

Protocolos y medidas cuestionadas

🌐 Manríquez señaló que "Chile tiene normas exactas y protocolos para medidas intrusivas en casos de vulnerabilidad", entre ellas, las que protegen a parturientas y gestantes. A pesar de esto, según su testimonio, "los policías insistieron en llevar adelante la diligencia en ese minuto y hora".

🤦️ Sobre los argumentos del procedimiento, el defensor desestimó la posibilidad de que la diputada hubiera intentado manipular pruebas. "¿Usted cree que una mujer en una mesa quirúrgica, pariendo un niño, va a estar transfiriendo un informe o poniéndose de acuerdo con otro?", cuestionó.

💬 En relación con el informe policial, indicó que se omitió información clave sobre una patente municipal. "Se afirmó que se renovó una patente tras la intercesión de la diputada, omitiendo que hubo un acuerdo unánime del Concejo Municipal de Santiago para revocarla", expuso.

🛠️ También denunció irregularidades en la transcripción de conversaciones telefónicas. "Se omite que son dos hablantes en dos teléfonos distintos, en tiempos diferentes. Se deja afuera cuando la diputada rehúsa expresamente recibir nada", aseguró Manríquez.

Finalmente, sobre la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado subrayó la gravedad del caso. "Este es un caso con un menor y una madre afectada, lo que está dentro de los protocolos de derechos fundamentales", concluyó.