🔍 En el marco de las pesquisas relacionadas con el caso convenios, la Fiscalía convocará a prestar testimonio a los ministros de Desarrollo Social y Vivienda, Giorgio Jackson y Carlos Montes. También a la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez.
🔗 Esta determinación se fundamenta en la conclusión de que se han establecido enlaces, tanto directos como indirectos, entre miembros del personal público y las fundaciones que se beneficiaron con transferencias financieras provenientes del erario, así lo informó Radio Biobío.
📅 Es oportuno recordar que el pasado julio, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, no descartó tal eventualidad, al afirmar: «Es plausible que deban presentar declaraciones y en un momento se definirá su calidad», en relación con Jackson y Montes.
📰 Finalmente, tal como lo ha informado el diario La Segunda, esta hipótesis ha sido corroborada. En lo que respecta a la situación de los funcionarios involucrados, actualmente no se busca establecer la presencia de «negligencia imperdonable o abandono notorio de deberes», sino que se hace mención a la noción de «descuido» en relación a la administración de recursos estatales y su posterior destino.
🏛️ Desde el gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo, se refirió a la actuación judicial emprendida por la Fiscalía.
- 🗣️ Vallejo sostuvo: «La justicia tiene una responsabilidad que cumplir en la realización de las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Siempre se solicita la comparecencia de diversas personas, con diversos niveles de involucramiento».
- 🗣️ Asimismo, añadió que tales investigaciones «se basan en la recopilación de evidencia, incluyendo las declaraciones de personas involucradas directa, indirecta o secundariamente, así como de testigos».
🤝 Consultada sobre el apoyo brindado a Jackson, Montes y Martínez, la Secretaria de Estado respondió que «una cuestión no está relacionada con la otra», ya que «se trata de funciones diferentes».
- 📢 «El respaldo político a aquellos que están cumpliendo con sus deberes y no han incurrido en irregularidades es una cosa distinta a las acciones llevadas a cabo por la justicia en su esfuerzo por investigar los hechos», afirmó Vallejo.
✅ La portavoz de gobierno concluyó afirmando que «si la justicia determina la posible comisión de un acto delictivo por parte de un funcionario estatal (…), indudablemente no permaneceremos pasivos frente a ello».