En el Congreso de Chile crece la presión por una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, tras revelarse chats con el abogado Luis Hermosilla.

🔍 Estos mensajes, publicados por CIPER, han desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la integridad judicial, en especial relacionados con el caso Audio.

Idea cobra fuerza entre diputados

👨‍⚖️ Eric Aedo, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, tachó la situación de «gravísima» y sugirió que Matus debería «dar un paso al costado».

🗣️ «Creo que están los antecedentes suficientes para avanzar en una acusación constitucional en su contra», afirmó Aedo, marcando el tono de la posible acción legal.

🏛️ La diputada independiente Camila Musante respaldó la iniciativa, exigiendo que se busquen responsabilidades reales dentro del Poder Judicial.

💬 Musante expresó preocupación por que la situación no se quede solo en acusaciones superficiales, advirtiendo que «esto no sea ni humo ni cachetadas de payaso».

🔎 Además de Matus, otros nombres como Ángela Vivanco y la ministra Letelier están siendo mencionados, sugiriendo que la investigación podría expandirse.

🗨️ Jaime Sáez, del Frente Amplio, enfatizó la necesidad de un estudio detallado del caso, describiéndolo como «un escándalo de corrupción gravísimo».

Derecha en desacuerdo

📉 Sin embargo, el apoyo a la acusación constitucional no es unánime. Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI, reconoció la validez del mecanismo pero cuestionó las prioridades de la Democracia Cristiana.

🤔 «¿Por qué la DC está en una situación tan lamentable políticamente hoy? Justamente porque no está conectada con la realidad de las chilenas y chilenos», criticó Benavente, destacando una desconexión con las preocupaciones nacionales.

👩‍⚖️ Por su parte, Ximena Ossandón, líder de la bancada de Renovación Nacional, hizo un llamado a la prudencia y a la responsabilidad. “Es fundamental que, ante hechos que recién se conocen, actuemos con prudencia”, dijo.

🔎 Ossandón también instó a la DC a basar cualquier decisión sobre una acusación contra Matus en hechos claros y no utilizar herramientas constitucionales para fines políticos, subrayando la expectativa de transparencia y justicia por parte de la ciudadanía.