📧 El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la Presidencia de la República, presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La acción busca impedir la entrega de correos electrónicos institucionales de los funcionarios Carlos Durán, jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, y Miguel Crispi, ex jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. Esta solicitud se enmarca dentro la indagatoria que involucra al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

📝 La controversia surge tras la orden emitida por el Consejo para la Transparencia, que había respondido a una solicitud del diputado Tomás Lagomarsino (Ind.). El parlamentario pidió acceder a los correos electrónicos de los funcionarios mencionados, como parte de su investigación sobre las gestiones realizadas para encontrar un reemplazo de Monsalve. Aunque la solicitud fue inicialmente rechazada, el Consejo para la Transparencia falló en favor del diputado, ordenando la entrega de la información.

📅 Según la resolución, la información solicitada corresponde a los correos electrónicos enviados y recibidos entre el 14 y el 18 de octubre de 2024. La petición se refiere exclusivamente a aquellos correos relacionados con las gestiones para el reemplazo del exsubsecretario. No obstante, la resolución señala que se debe reservar cualquier información relacionada con temas sensibles como inteligencia, relaciones internacionales, seguridad y orden público.

⚖️ Según detalló hoy La Tercera, la apelación presentada por el abogado Marcelo Chandía Peña, en nombre del Ejecutivo, argumenta que la decisión del Consejo para la Transparencia es ilegal. En el documento, se solicita que se declare la ilegalidad de la resolución y se deje sin efecto la decisión de entregar los correos electrónicos. Además, se reafirma que la Presidencia actuó conforme a derecho al negarse a entregar dicha información.

🔐 El reclamo presentado ante la Corte se basa en la causal de reserva establecida en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, que protege la seguridad de la nación y el interés nacional. Según la argumentación del CDE, los correos electrónicos solicitados contienen información altamente sensible debido a los roles estratégicos desempeñados por Durán y Crispi como colaboradores cercanos del Presidente Boric.